Operación PT7 revela expansión del narcotráfico y redes de lavado en el Este del país

El Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) ejecutaron una de las operaciones más amplias de los últimos meses contra el narcotráfico y el crimen organizado en el país, mediante una serie de allanamientos simultáneos desarrollados en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este y la provincia La Altagracia.

La denominada “Operación PT7” incluyó 33 intervenciones coordinadas y culminó con el arresto de David Armando Brito Brito, señalado por las autoridades como integrante de una estructura criminal vinculada al tráfico internacional de drogas.

Según las investigaciones preliminares, la organización utilizaba la zona de Bayahíbe como punto estratégico para recibir grandes cargamentos de narcóticos procedentes de Sudamérica mediante lanchas rápidas.

El operativo fue ejecutado con la participación de 45 fiscales y más de 500 agentes de distintos organismos de seguridad, reflejando la magnitud de una investigación que las autoridades consideran vinculada a redes transnacionales de narcotráfico y lavado de activos.

Durante las intervenciones fueron ocupadas múltiples evidencias consideradas relevantes para el proceso investigativo. Entre los bienes decomisados figuran vehículos de lujo, relojes de alto valor, armas de fuego, dinero en efectivo, documentos y otros objetos presuntamente asociados a las actividades ilícitas de la estructura criminal.

Las autoridades sostienen que la organización no solo se dedicaba al tráfico de drogas, sino también al movimiento y ocultamiento de recursos económicos derivados de actividades ilícitas.

De acuerdo con la información suministrada por el Ministerio Público, contra Brito Brito pesa además una solicitud formal de extradición desde Estados Unidos por supuestos vínculos con el narcotráfico y la criminalidad organizada transnacional.

Las autoridades dominicanas informaron que ya trabajan en los procedimientos correspondientes para gestionar su entrega a la justicia estadounidense.

La investigación también permitió identificar propiedades y bienes presuntamente utilizados para las operaciones de lavado de activos y ocultamiento patrimonial de la organización.

Entre los activos bajo investigación figuran residencias, solares, plazas comerciales, edificios, vehículos y embarcaciones que, según las autoridades, habrían sido adquiridos con recursos provenientes del narcotráfico.

El caso vuelve a colocar en el debate público el papel estratégico que tienen algunas zonas turísticas y costeras del país dentro de las rutas regionales del narcotráfico internacional. Especialistas en seguridad han advertido durante años que la ubicación geográfica de República Dominicana la convierte en un punto vulnerable para operaciones de tránsito de drogas hacia mercados internacionales.

Bayahíbe, reconocido principalmente como destino turístico del Este del país, ha sido mencionado en distintas investigaciones regionales debido a sus características marítimas y la facilidad de acceso por vía acuática.

La expansión del narcotráfico transnacional continúa representando uno de los principales desafíos para las autoridades de seguridad y justicia de República Dominicana.

El Ministerio Público indicó que varias personas adicionales fueron arrestadas para fines de investigación, mientras fiscales y agentes especializados continúan procesando las evidencias ocupadas durante los allanamientos.

Asimismo, las autoridades informaron que los interrogatorios, levantamientos y análisis de documentos continúan desarrollándose para determinar el alcance total de la estructura criminal y posibles conexiones nacionales e internacionales.

El despliegue operativo también refleja el fortalecimiento de la cooperación entre organismos locales e internacionales en materia de persecución del narcotráfico y el lavado de activos.

En los últimos años, República Dominicana ha intensificado las operaciones contra redes vinculadas al tráfico internacional de drogas, especialmente aquellas relacionadas con movimientos marítimos y estructuras financieras ilícitas.

No obstante, expertos advierten que el combate al narcotráfico requiere no solo acciones represivas, sino también fortalecimiento institucional, vigilancia fronteriza, control financiero y cooperación regional permanente.

La Operación PT7 evidencia además cómo las organizaciones criminales han evolucionado hacia estructuras más complejas que combinan tráfico de drogas, lavado de dinero, adquisición de bienes y utilización de empresas o propiedades para ocultar recursos ilícitos.

El caso representa una nueva muestra de la presión que enfrentan las instituciones dominicanas para contener la expansión del crimen organizado y proteger la estabilidad de sectores estratégicos como el turismo y el comercio.

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades aseguran que continuarán desarrollando operativos para identificar a todos los integrantes de la estructura y someterlos a la justicia.