Recurso ante el Tribunal Constitucional busca forzar regulación de criptomonedas en República Dominicana

El debate sobre la regulación de los activos digitales en República Dominicana ha escalado al plano constitucional, luego de que un recurso de inconstitucionalidad fuera sometido ante el Tribunal Constitucional para cuestionar la ausencia de un marco legal que regule las criptomonedas y otros activos virtuales. La acción plantea un escenario inédito que podría redefinir la política financiera del país.

La alta corte dejó en estado de fallo la acción directa, la cual busca que se declare la existencia de una omisión legislativa inconstitucional debido a la falta prolongada de regulación en materia de activos digitales. Este tipo de recurso apunta no solo a una revisión jurídica, sino también a una eventual exhortación al Congreso Nacional para que legisle sobre el tema.

El accionante, Marino Marrero Báez, argumenta que a pesar de que las criptomonedas llevan más de una década en uso sostenido a nivel global, en el país no existe un marco normativo claro que regule su operación, lo que genera incertidumbre jurídica tanto para usuarios como para inversionistas.

El recurso también cuestiona prácticas administrativas que, en ausencia de una ley formal, han limitado de facto el uso de activos digitales mediante restricciones generalizadas, sin procedimientos claros ni motivación individualizada. Según el planteamiento, estas acciones podrían vulnerar principios fundamentales como el debido proceso y la libertad de empresa.

En contraste, el Banco Central de la República Dominicana ha reiterado que criptomonedas como Bitcoin o Ethereum no constituyen moneda de curso legal ni cuentan con el respaldo del Estado, manteniendo una postura de advertencia frente a su uso en el sistema financiero formal.

La situación actual refleja un vacío normativo en el que coexisten el uso creciente de activos digitales y una política institucional basada más en restricciones que en regulación integral. Este enfoque, si bien prudente, limita el desarrollo de un ecosistema financiero moderno.

El recurso solicita, además, que se declare inconstitucional cualquier interpretación o práctica que imponga bloqueos automáticos al uso de estos activos sin base legal expresa, lo que podría sentar precedentes sobre los límites de la actuación administrativa en ausencia de legislación específica.

A nivel internacional, los activos virtuales ya forman parte de sistemas financieros regulados en múltiples jurisdicciones, mediante licencias, marcos prudenciales y entornos de prueba controlados, lo que contrasta con la situación dominicana. Este desfase podría tener implicaciones en términos de competitividad.

El accionante advierte que la falta de regulación coloca al país en desventaja frente a economías que han adoptado marcos legales para integrar estas tecnologías, facilitando la innovación y atrayendo inversión. Asimismo, señala que el vacío legal podría favorecer actividades ilícitas al dificultar la supervisión estatal.

En el ámbito legislativo, la Cámara de Diputados de la República Dominicana ya estudia dos proyectos de ley orientados a regular las criptomonedas, lo que evidencia que el tema ha comenzado a ganar prioridad en la agenda pública.

Uno de los proyectos, depositado en marzo de 2026, propone establecer un marco de prevención, control y regulación de las criptomonedas, incluyendo su uso en mercados financieros, casas de cambio y plataformas digitales. Esta iniciativa también contempla la certificación obligatoria de proveedores de servicios por parte de la Superintendencia de Valores.

La regulación de los activos digitales representa un desafío que debe abordarse con cautela, garantizando la estabilidad del sistema financiero y la protección de los usuarios, sin frenar la innovación tecnológica.

El equilibrio entre control estatal y desarrollo del mercado será determinante para evitar riesgos como el lavado de activos, la evasión fiscal y la volatilidad financiera, factores que históricamente han generado preocupación en torno a las criptomonedas.

El recurso ante el Tribunal Constitucional podría marcar un punto de inflexión en la política regulatoria dominicana, obligando a las autoridades a definir un marco legal claro para los activos digitales, en un contexto donde la transformación tecnológica ya no admite postergaciones.