Propuesta de reforma a ley de residuos sólidos reabre debate sobre equidad fiscal y sostenibilidad ambiental

El sistema de cobro por manejo de residuos sólidos en la República Dominicana vuelve al centro del debate legislativo, tras la introducción de un proyecto que busca transformar el modelo vigente hacia un esquema más proporcional y vinculado a la generación real de desechos. La iniciativa, presentada en el Senado por el legislador Edward Espiritusanto, plantea un cambio significativo respecto a la actual Ley 98-25, promulgada en 2025.

El núcleo de la propuesta consiste en sustituir el modelo basado en niveles de facturación por uno que tome en cuenta variables más específicas, como el volumen de residuos generados, el tipo de actividad económica y la capacidad de ingresos de las empresas. Bajo este nuevo enfoque, las contribuciones pasarían a calcularse mediante tasas proporcionales que oscilan entre un 0.25 % y un 1.5 % de la renta neta anual para los generadores de mayor impacto ambiental.

La propuesta introduce un principio de mayor equidad en la política tributaria ambiental: quien más contamina, más paga. Este criterio, ampliamente aceptado en economías desarrolladas, busca corregir distorsiones del sistema actual, en el que empresas con diferentes niveles de generación de residuos pueden terminar pagando montos similares únicamente por su volumen de ingresos.

En contraste, la legislación vigente establece contribuciones fijas escalonadas, que van desde RD$3,000 para empresas con ingresos de hasta un millón de pesos, hasta RD$675,000 para aquellas que superan los RD$100 millones. Este esquema ha sido objeto de críticas por parte del sector empresarial, que lo considera desproporcionado y desconectado de la realidad operativa de muchas compañías.

La nueva propuesta intenta responder a esas preocupaciones, introduciendo escalas diferenciadas según el nivel de generación de residuos. Las actividades de impacto medio pagarían hasta un 0.40 % de su renta neta, mientras que las de alta y muy alta generación asumirían tasas de 1 % y 1.5 %, respectivamente. Para las empresas de menor tamaño, se mantienen aportes reducidos de RD$3,000 y RD$6,000, lo que busca preservar la sostenibilidad de las micro y pequeñas empresas.

No obstante, el proyecto también incorpora elementos que podrían generar controversia. Uno de los más relevantes es la eliminación del aporte fijo de RD$20 por habitante destinado a los ayuntamientos. Según el proponente, este mecanismo carece de criterios claros de equidad y podría dar lugar a discrecionalidad en el uso de los fondos. Sin embargo, desde el ámbito municipal, esta medida podría interpretarse como una reducción de ingresos clave para la gestión de residuos a nivel local.

Asimismo, la iniciativa contempla la exención total para las organizaciones sin fines de lucro, en consonancia con lo establecido en la Ley 122-05. Este punto refuerza el principio de apoyo a entidades sociales, aunque también plantea interrogantes sobre la distribución equitativa de las cargas dentro del sistema.

El contexto político y económico en el que surge esta propuesta no es menor. Diversos gremios empresariales han manifestado su inconformidad con los costos derivados de la Ley 98-25, calificándolos de excesivos. En respuesta, el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, ha anunciado la intención del Gobierno de impulsar una reforma durante la actual legislatura, que concluye en julio.

Este escenario sugiere que el Congreso se enfrenta a una oportunidad clave para redefinir el modelo de financiamiento del manejo de residuos, equilibrando tres factores fundamentales: sostenibilidad ambiental, viabilidad económica y equidad fiscal.

En términos estratégicos, el éxito de la reforma dependerá de su capacidad para generar confianza tanto en el sector empresarial como en las instituciones públicas. Un sistema más justo y transparente podría incentivar el cumplimiento y promover prácticas más responsables en la gestión de residuos. No obstante, cualquier cambio deberá evitar debilitar la capacidad operativa de los gobiernos locales, que son los principales responsables de la recolección y disposición final.

En conclusión, la propuesta legislativa representa un intento de corregir distorsiones y avanzar hacia un modelo más racional. Sin embargo, su implementación requerirá un delicado equilibrio entre intereses económicos, sociales y ambientales, en un contexto donde la eficiencia del gasto público y la responsabilidad empresarial son más necesarias que nunca.