Proponen eliminar exoneraciones a legisladores y sustituirlas por vehículos oficiales del Estado

El diputado Pedro Martínez sometió un proyecto de ley que busca eliminar el régimen de exoneraciones para la importación de vehículos por parte de legisladores y reemplazarlo por la asignación de un vehículo oficial durante el ejercicio de sus funciones. La iniciativa introduce cambios sustanciales en un beneficio históricamente cuestionado por distintos sectores de la sociedad.

El proyecto plantea la derogación de las exoneraciones contempladas en la Ley 57-96, mecanismo que ha permitido a senadores y diputados importar vehículos con ventajas fiscales, una práctica que, según el proponente, ha sido objeto de críticas por su uso indebido y distorsiones en el mercado.

Desde una perspectiva analítica, la propuesta intenta equilibrar la necesidad funcional de movilidad de los legisladores con una mayor transparencia en el uso de los recursos públicos, sustituyendo un beneficio individual de carácter privado por un esquema institucional bajo control del Estado.

De ser aprobada, la ley establecería que los vehículos asignados serían propiedad exclusiva del Estado dominicano y formarían parte del inventario del Congreso Nacional, ya sea del Senado o de la Cámara de Diputados. Este punto busca evitar la privatización indirecta de bienes adquiridos mediante ventajas fiscales.

El uso de estos vehículos quedaría estrictamente limitado a funciones institucionales, prohibiendo su utilización para actividades personales, recreativas o ajenas al servicio público, lo que introduce un marco normativo más riguroso en comparación con el esquema actual.

Asimismo, la iniciativa dispone que cada legislador recibiría el vehículo al momento de su juramentación y estaría obligado a devolverlo en un plazo máximo de cinco días hábiles tras el cese de sus funciones, estableciendo consecuencias legales en caso de incumplimiento. La no devolución del bien sería considerada una falta grave, sujeta a procedimientos de recuperación y posibles sanciones civiles.

El período de asignación del vehículo estaría limitado a un máximo de cuatro años, equivalente al mandato legislativo, con posibilidad de sustitución en caso de reelección dependiendo del estado del vehículo o su vida útil. Este aspecto introduce criterios de racionalidad en el uso de los recursos materiales del Estado.

En el apartado de prohibiciones, el proyecto establece que cualquier intento de venta, cesión, empeño o transferencia del vehículo o su placa sería tipificado como peculado o malversación de fondos públicos, lo que refuerza el carácter punitivo ante posibles irregularidades. También se prohíbe alterar la identificación oficial del vehículo o asignarlo a personas no autorizadas.

En cuanto a las exoneraciones ya otorgadas, la propuesta contempla que los vehículos importados bajo el régimen vigente mantendrán su estatus legal hasta cumplir el plazo de restricción de transferencia, pero una vez vencido dicho período, los legisladores no podrán acogerse nuevamente a este beneficio.

Las solicitudes de exoneración en trámite serían canceladas automáticamente con la entrada en vigor de la ley, salvo aquellas que ya cuenten con manifiesto de carga en puertos dominicanos, lo que busca evitar vacíos legales durante la transición al nuevo sistema.

El diputado Martínez argumentó que la eliminación de las exoneraciones responde a una demanda ciudadana, señalando que en muchos casos estas han sido comercializadas en el mercado, desvirtuando su propósito original. Además, criticó que el mecanismo ha facilitado la importación de vehículos de alta gama que no guardan relación con la función legislativa.

La iniciativa representa un intento de racionalizar el gasto público y reducir privilegios percibidos como excesivos, al tiempo que mantiene las condiciones necesarias para el ejercicio eficiente de la función legislativa. No obstante, su viabilidad dependerá del consenso político dentro del Congreso, donde históricamente este tipo de beneficios ha generado resistencia a reformas.

El debate sobre este proyecto abre una discusión más amplia sobre la ética en el uso de los recursos públicos y la necesidad de fortalecer la institucionalidad mediante reglas claras y mecanismos de control efectivos, en un contexto donde la transparencia continúa siendo una demanda central de la ciudadanía.