Fuerza del Pueblo advierte riesgos fiscales y de transparencia en proyecto sobre pago de deudas del Estado

El partido Fuerza del Pueblo (FP) alertó este martes que un proyecto de ley impulsado por legisladores del Partido Revolucionario Moderno (PRM) podría abrir la puerta a pagos irregulares con fondos públicos, al permitir saldar deudas acumuladas con contratistas sin garantías suficientes de legalidad.

La advertencia fue formulada por el secretario de Asuntos Jurídicos de la FP, Raúl Martínez, quien sostuvo que la iniciativa legislativa “vulnera principios constitucionales” y debilita los mecanismos de control en el manejo de los recursos del Estado. Según el dirigente opositor, el proyecto permitiría autorizar erogaciones millonarias sin la debida verificación de los compromisos adquiridos.

La pieza legislativa busca saldar deudas históricas del Estado con contratistas por obras ejecutadas en distintas instituciones públicas, algunas con décadas de antigüedad, lo que ha reavivado el debate sobre la legalidad y legitimidad de dichos compromisos.

El proyecto es promovido por el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, y ya fue aprobado en dos lecturas en ese hemiciclo, así como en el Senado, aunque regresó a la cámara baja tras modificaciones. Actualmente, la iniciativa continúa su curso legislativo en medio de cuestionamientos de sectores políticos y jurídicos.

La discusión sobre esta propuesta se sitúa en el delicado equilibrio entre el reconocimiento de deudas del Estado y la necesidad de preservar la transparencia y la disciplina fiscal.

Uno de los principales puntos de controversia radica en los antecedentes de la iniciativa. Una versión anterior del proyecto fue observada por el Poder Ejecutivo debido a que no identificaba con claridad a los acreedores ni establecía las fuentes de financiamiento para cubrir los pagos. Esta observación obligó a reformular la propuesta.

En su nueva versión, el proyecto contempla la creación de una comisión encargada de depurar las reclamaciones antes de proceder a cualquier pago, con el objetivo de introducir mayores controles y validaciones.

Sin embargo, la FP considera que estas medidas son insuficientes. El partido opositor cuestiona que la iniciativa reconozca como acreedores del Estado a múltiples beneficiarios sin verificar plenamente las condiciones en que se originaron las supuestas deudas ni la ejecución real de las obras.

En ese sentido, Raúl Martínez advirtió que el proyecto podría legitimar prácticas irregulares del pasado, al permitir el pago de compromisos que no cumplieron con los procedimientos legales de contratación pública.

La preocupación central gira en torno al uso responsable de los fondos públicos y al riesgo de establecer precedentes que debiliten la institucionalidad fiscal. La posibilidad de validar deudas sin documentación robusta podría afectar la credibilidad del sistema financiero estatal.

La Fuerza del Pueblo solicitó formalmente al Senado de la República rechazar la iniciativa, al considerar que representa un riesgo tanto para la sostenibilidad fiscal como para la transparencia en la administración pública.

Asimismo, la organización política instó al Poder Ejecutivo a no promulgar la ley en caso de ser aprobada, y a devolverla al Congreso con las observaciones correspondientes, en línea con el precedente anterior.

Más allá del debate político, el tema plantea interrogantes estructurales sobre la gestión de las obligaciones del Estado, la calidad del gasto público y la necesidad de fortalecer los mecanismos de control en la contratación gubernamental.

En términos económicos, el reconocimiento de deudas no verificadas podría generar presiones adicionales sobre las finanzas públicas, en un contexto donde la disciplina fiscal es clave para mantener la estabilidad macroeconómica.

La FP anunció que dará seguimiento al proceso legislativo, subrayando que las implicaciones de esta ley podrían trascender el ámbito inmediato y afectar la gobernanza financiera a largo plazo.

El proyecto de ley sobre pago de deudas del Estado se perfila como una iniciativa de alto impacto, que enfrenta cuestionamientos sobre su viabilidad jurídica y su conveniencia económica, en medio de un debate que pone en el centro la transparencia, la legalidad y el uso adecuado de los recursos públicos.