Raquel Peña admite fallas institucionales ante aumento de feminicidios en República Dominicana

La vicepresidenta de República Dominicana, Raquel Peña, reconoció públicamente las debilidades institucionales frente a la violencia de género y condenó el incremento de feminicidios registrados durante las últimas semanas en el país.

Sus declaraciones se producen en medio de una creciente preocupación social tras contabilizarse más de siete muertes violentas de mujeres en lo que va de mayo, precisamente durante el mes en que tradicionalmente se celebra el Día de las Madres en República Dominicana.

“El sistema ha fallado a la mujer dominicana, eso es muy doloroso”, expresó la vicepresidenta al referirse a la persistencia de los feminicidios y la incapacidad de las estructuras públicas para prevenir muchos de esos hechos.

La funcionaria sostuvo que todas las instituciones del Gobierno trabajan actualmente para enfrentar el problema, aunque admitió que las políticas implementadas hasta ahora no han logrado detener el avance de la violencia machista.

Las declaraciones de Peña representan uno de los reconocimientos más directos realizados desde las más altas esferas del Gobierno sobre las limitaciones estructurales existentes en materia de prevención, protección y respuesta frente a la violencia de género.

La vicepresidenta insistió en que el país no puede normalizar ni tolerar que continúen ocurriendo feminicidios con tanta frecuencia.

“Nosotros no podemos seguir permitiendo una muerte más, un feminicidio más”, afirmó.

Durante sus declaraciones, Peña también hizo referencia a casos recientes que han generado gran impacto en la opinión pública nacional, especialmente aquellos donde las víctimas habían denunciado previamente situaciones de amenaza, persecución o agresión.

En ese sentido, sostuvo que las denuncias por sí solas no garantizan protección efectiva para las víctimas.

“Porque no es suficiente, por ejemplo, como en el caso de Esmeralda, con solamente denunciar”, expresó la vicepresidenta, reconociendo las fallas existentes en los mecanismos de prevención y seguimiento.

El caso de Esmeralda Moronta de los Santos, asesinada recientemente por su expareja en Santo Domingo Este, se convirtió en uno de los episodios más impactantes de las últimas semanas y volvió a abrir el debate sobre la capacidad de respuesta institucional ante las denuncias de violencia.

Las cifras oficiales continúan reflejando un escenario preocupante. Distintas instituciones estatales han reportado decenas de feminicidios durante los primeros meses de 2026, mientras aumentan las denuncias relacionadas con violencia intrafamiliar y agresiones contra mujeres.

El fenómeno mantiene presión constante sobre el sistema judicial, la Policía Nacional y las entidades responsables de protección social.

El crecimiento de los casos evidencia que la violencia de género sigue siendo uno de los principales desafíos sociales y de seguridad que enfrenta República Dominicana.

Raquel Peña destacó además la necesidad de fortalecer las políticas públicas vinculadas a la educación y la convivencia familiar como herramienta preventiva frente a la violencia.

Según explicó, la solución no puede limitarse únicamente al ámbito policial o judicial, sino que requiere transformaciones culturales y educativas más profundas.

La vicepresidenta afirmó que el abordaje de la violencia debe comenzar desde la infancia mediante educación basada en respeto, convivencia y valores humanos.

“El abordaje tiene que empezar desde educación; educar a nuestros niños, a nuestras niñas, a respetar y a tener una convivencia que sea humana”, manifestó.

Especialistas en temas sociales y de género han insistido durante años en que la violencia machista responde a factores estructurales vinculados a patrones culturales, desigualdad, normalización de la agresión y debilidad institucional.

Aunque en los últimos años se han implementado campañas de orientación, líneas de ayuda y mecanismos de denuncia, los feminicidios continúan registrándose con frecuencia alarmante.

El reconocimiento oficial de las fallas del sistema refleja la creciente presión pública para que el Estado adopte medidas más efectivas y preventivas frente a la violencia contra la mujer.

Sectores sociales, organizaciones civiles y expertos coinciden en que el país enfrenta el reto de fortalecer la protección temprana, garantizar respuestas rápidas a las denuncias y mejorar la coordinación entre las instituciones encargadas de atender estos casos.

La preocupación aumenta debido a que muchos feminicidios ocurren luego de antecedentes de amenazas, conflictos de pareja o denuncias previas que no logran traducirse en protección efectiva para las víctimas.

Mientras tanto, el incremento de casos durante mayo vuelve a colocar la violencia de género entre los temas más sensibles de la agenda pública nacional, evidenciando una problemática que continúa dejando familias destruidas, hijos huérfanos y una creciente sensación de impotencia social ante la repetición de estas tragedias.