La ONU alerta sobre alto impacto de la guerra en Gaza en mujeres y niñas

El conflicto armado en la Franja de Gaza continúa dejando un saldo humano profundamente alarmante, con un impacto desproporcionado sobre la población femenina. Según datos recientes de ONU Mujeres, más de 38,000 mujeres y niñas han muerto entre octubre de 2023 y finales de 2025, una cifra que representa más de la mitad del total de víctimas registradas en ese período.

De acuerdo con los reportes, unas 22,000 mujeres y 16,000 niñas perdieron la vida en medio de bombardeos aéreos y operaciones militares terrestres ejecutadas por Israel, en el contexto de la guerra desencadenada tras los ataques del grupo Hamás el 7 de octubre de 2023. En total, el Ministerio de Salud de Gaza —bajo control de Hamás— contabiliza más de 71,000 fallecidos desde el inicio de las hostilidades.

El informe subraya que el promedio diario de muertes de mujeres y niñas se sitúa en al menos 47, una cifra que, según analistas, evidencia un nivel de afectación civil superior al observado en conflictos previos en la misma región. Esta tendencia refuerza la preocupación internacional sobre la naturaleza y el alcance de las operaciones militares en zonas densamente pobladas.

A pesar del alto el fuego anunciado en octubre de 2025, la situación humanitaria sigue siendo crítica. ONU Mujeres advierte que miles de sobrevivientes enfrentan secuelas permanentes. Se estima que cerca de 11,000 mujeres y niñas han sufrido heridas graves que derivaron en discapacidades, lo que incrementa la carga social y económica en un entorno ya devastado.

En los últimos meses, la violencia no ha cesado completamente. Informes recientes señalan que más de 730 personas han muerto y otras 2,000 han resultado heridas, aunque la falta de datos desagregados dificulta precisar el impacto exacto en mujeres y menores. Esta opacidad estadística añade un elemento de incertidumbre en la evaluación real de la crisis.

Más allá de las cifras de mortalidad, el conflicto ha generado un desplazamiento masivo. Cerca de un millón de mujeres y niñas han sido forzadas a abandonar sus hogares en múltiples ocasiones, enfrentando condiciones precarias. A esto se suma que unas 790,000 viven en situación de inseguridad alimentaria crítica o catastrófica, lo que agrava la vulnerabilidad de este segmento de la población.

Estos datos evidencian la complejidad de los conflictos modernos, donde la línea entre combatientes y civiles se difumina peligrosamente. La alta proporción de víctimas femeninas plantea interrogantes sobre la efectividad de los mecanismos de protección internacional y el cumplimiento del derecho humanitario.

El escenario también ha escalado al plano jurídico internacional. Sudáfrica ha llevado el caso ante la Corte Internacional de Justicia, acusando a Israel de cometer actos que podrían constituir genocidio. Aunque el tribunal no ha emitido un fallo definitivo, sí ha advertido sobre un “riesgo real e inminente de daño irreparable” para la población palestina, instando a prevenir acciones que agraven la situación.

La gravedad de los hechos obliga a reafirmar principios fundamentales como la protección de la vida civil, el respeto al derecho internacional y la responsabilidad de los Estados en conflictos armados. Si bien la seguridad nacional es un derecho legítimo, su ejercicio debe mantenerse dentro de los límites que establecen las normas internacionales.

Asimismo, la crisis humanitaria en Gaza pone en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de asistencia y coordinación internacional, garantizando que la ayuda llegue de manera efectiva a los sectores más vulnerables. En este contexto, mujeres y niñas requieren una atención prioritaria, no solo por su nivel de afectación, sino por su rol clave en la reconstrucción social.

El conflicto en Gaza continúa generando consecuencias devastadoras, particularmente para mujeres y niñas. Las cifras presentadas por organismos internacionales no solo reflejan una tragedia humanitaria, sino también un desafío urgente para la comunidad internacional, que debe equilibrar la seguridad con la protección de los derechos fundamentales.