Despilfarro Energético Persiste: Pérdidas en las EDE Erosionan la Estabilidad Económica y la Confianza del Inversor

El persistente problema de las pérdidas en las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDE) en la República Dominicana representa un desafío significativo para la estabilidad económica y la confianza del inversor. Según datos recientes, estas pérdidas alcanzan un alarmante 42.9% de la energía comprada, una cifra que demanda un análisis exhaustivo y la implementación de medidas correctivas urgentes. Esta situación, lejos de ser un mero dato estadístico, refleja ineficiencias sistémicas que erosionan los recursos públicos y obstaculizan el desarrollo de un mercado energético competitivo.

Las pérdidas en las EDE se desglosan en dos componentes principales: energía no facturada (38.9%) y energía facturada pero no cobrada (4.1%). La primera categoría sugiere deficiencias en la medición, control y detección de fraudes, mientras que la segunda apunta a problemas en la gestión de cobros y la aplicación de la ley. La combinación de ambos factores genera un agujero financiero considerable que requiere la inyección constante de fondos estatales para mantener a flote las EDE.

La Ley de Presupuesto General del Estado 2026 asigna 85,150 millones de pesos para cubrir las transferencias a las EDE. Sin embargo, este monto está sujeto a las fluctuaciones del precio del petróleo, cuyo supuesto de 47.8 dólares por barril podría resultar insuficiente ante la volatilidad del mercado global. Esta dependencia de los subsidios estatales crea una distorsión en el mercado energético, desalienta la inversión privada y perpetúa un modelo insostenible a largo plazo.

Desde una perspectiva conservadora, la intervención estatal excesiva en el sector energético socava los principios del libre mercado y la competencia. La asignación masiva de recursos públicos a las EDE, en lugar de fomentar la eficiencia y la innovación, crea una dependencia artificial y reduce los incentivos para la gestión responsable de los recursos. Un mercado energético competitivo, basado en la oferta y la demanda, atraería la inversión privada, promovería la eficiencia y reduciría la necesidad de subsidios estatales.

Las consecuencias de esta situación son múltiples y afectan a diversos sectores de la economía. En primer lugar, las pérdidas en las EDE representan una carga para los contribuyentes, quienes financian indirectamente las ineficiencias del sistema. En segundo lugar, la falta de un suministro energético confiable y a precios competitivos dificulta la atracción de inversión extranjera y el desarrollo de la industria local. En tercer lugar, la dependencia de los subsidios estatales limita la capacidad del gobierno para invertir en otras áreas prioritarias, como la educación, la salud y la infraestructura.

En conclusión, la persistencia de las pérdidas en las EDE exige un cambio radical en la política energética del país. Es imperativo implementar reformas estructurales que promuevan la eficiencia, la transparencia y la rendición de cuentas en el sector. Esto implica fortalecer la regulación, combatir el fraude, mejorar la gestión de cobros y fomentar la competencia. Solo a través de un enfoque basado en los principios del libre mercado y la responsabilidad fiscal se podrá garantizar la sostenibilidad del sector energético y promover el desarrollo económico del país. La inacción no es una opción; el futuro de la economía dominicana depende de la capacidad del gobierno para abordar este desafío con determinación y visión de largo plazo.