Cámara de Diputados aprueba proyecto que prohíbe refrescos y comida ultraprocesada en cafeterías escolares

La Cámara de Diputados dio un importante paso en materia de salud y nutrición escolar al aprobar en primera discusión el proyecto de Ley de Alimentación y Nutrición Escolar, una iniciativa que busca transformar los hábitos alimenticios dentro de los centros educativos públicos y privados del país.

La pieza legislativa prohíbe a las cafeterías escolares vender refrescos, bebidas azucaradas y productos ultraprocesados considerados perjudiciales para la salud de niños y adolescentes. La medida fue aprobada por unanimidad de los diputados presentes, luego de ser liberada de lectura y modificada durante la sesión legislativa.

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, calificó la propuesta como una de las iniciativas más importantes discutidas durante el actual cuatrienio legislativo, reflejando el creciente interés institucional por enfrentar problemas relacionados con obesidad infantil, mala alimentación y enfermedades asociadas al consumo excesivo de azúcar y sodio.

El proyecto busca regular integralmente la alimentación escolar y fomentar hábitos nutricionales saludables desde temprana edad. Según el texto legislativo, la intención es garantizar que los estudiantes reciban alimentos adecuados para su desarrollo físico, mental y académico.

La iniciativa también ordena la instalación de servicios de agua potable en los recintos educativos, una disposición que apunta a reducir el consumo de bebidas azucaradas y mejorar las condiciones sanitarias dentro de las escuelas.

Además, la normativa contempla sanciones para proveedores que incumplan las disposiciones relacionadas con la alimentación escolar, fortaleciendo así los mecanismos de supervisión y control del sistema.

Uno de los cambios introducidos por los diputados fue la inclusión de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) dentro del Consejo Técnico Consultivo para la Alimentación y Nutrición Escolar, organismo que será coordinado por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie).

La participación de las Mipymes busca equilibrar el enfoque de salud pública con oportunidades para suplidores nacionales y pequeños productores vinculados al sector alimentario. Ese aspecto podría resultar clave para evitar impactos económicos negativos sobre pequeños comerciantes y proveedores escolares.

El proyecto fue reintroducido el pasado 2 de marzo por la diputada Soraya Suárez junto a otros legisladores, luego de varios años de intentos fallidos en el Congreso Nacional. En legislaturas anteriores, propuestas similares quedaron estancadas o caducaron sin completar el proceso legislativo.

De acuerdo con el artículo 30 del proyecto, queda prohibida la promoción, expendio y venta de productos ultraprocesados con altos niveles de azúcares o sodio dentro de cafeterías escolares, tanto públicas como privadas.

La legislación refleja una tendencia internacional cada vez más fuerte orientada a limitar la presencia de comida chatarra en entornos educativos y proteger la salud infantil frente al aumento de enfermedades relacionadas con la mala alimentación.

Diversos países de América Latina han comenzado a implementar regulaciones similares en los últimos años, motivados por el incremento de obesidad infantil, diabetes y problemas cardiovasculares asociados a hábitos alimenticios deficientes.

Desde una perspectiva social y educativa, el proyecto también abre un debate sobre la responsabilidad del Estado, las familias y el sector privado en la formación alimentaria de las nuevas generaciones. La discusión ya no se limita únicamente al acceso a los alimentos, sino también a la calidad nutricional de lo que consumen diariamente los estudiantes.

Sin embargo, algunos sectores podrían plantear cuestionamientos relacionados con la implementación práctica de la ley, los costos de adaptación para cafeterías escolares y el alcance de las restricciones alimentarias.

El proyecto deberá ahora ser conocido en segunda discusión en la Cámara de Diputados y posteriormente pasar al Senado de la República. Para entrar en vigencia, necesitará además la promulgación del Poder Ejecutivo.

La aprobación inicial de esta legislación representa uno de los intentos más amplios del Congreso dominicano por vincular salud pública, educación y nutrición dentro de una política estatal orientada a largo plazo.