Liceo de Barahona no tenía Policía Escolar permanente cuando un hombre intentó entrar armado

El incidente ocurrió en el Liceo Mencía, en el municipio de Paraíso, donde el individuo habría amenazado al director con un machete. Tras el hecho, las autoridades educativas gestionaron el refuerzo de la vigilancia, mientras continuaban las diligencias para localizar al señalado.

BARAHONA. — La ausencia de un agente de la Policía Escolar de manera permanente en el Liceo Mencía, ubicado en el municipio de Paraíso, quedó en evidencia tras un incidente en el que un hombre habría intentado ingresar armado con un machete y amenazado de muerte al director del centro, el profesor Joselín Lebrón Cuevas.

El hecho ocurrió alrededor de la 1:15 de la tarde del lunes y provocó momentos de preocupación entre estudiantes, docentes y personal administrativo. Ante el temor de que la situación derivara en hechos violentos, padres, madres y tutores acudieron al plantel para retirar a sus hijos.

De acuerdo con un informe preliminar el señalado fue identificado como Algeni Ferreras, residente en el sector La Yagua, del municipio de Paraíso. Según el documento, habría intentado entrar al recinto mientras profería amenazas contra el director.

La situación plantea interrogantes sobre los mecanismos de prevención y respuesta disponibles en los centros educativos, especialmente en aquellos que no cuentan con vigilancia policial continua.

El señalado habría alegado conflictos con estudiantes

Las informaciones preliminares indican que el hombre habría manifestado que varios estudiantes lanzaron piedras contra su vivienda y rompieron una de las persianas de la casa. Esa situación habría motivado su reacción, aunque las circunstancias descritas todavía deben ser verificadas por las autoridades.

El informe también hace referencia al lanzamiento de piedras durante el incidente. Sin embargo, la información disponible no establece de manera concluyente cómo se desarrollaron los hechos ni permite atribuir responsabilidades definitivas a las personas involucradas.

Cualquier conflicto entre particulares y estudiantes debe canalizarse mediante los procedimientos correspondientes, sin recurrir a amenazas o acciones que pongan en peligro la integridad de la comunidad educativa.

El caso requiere esclarecer tanto las circunstancias que originaron el enfrentamiento como las actuaciones posteriores de los organismos de seguridad.

La escuela carecía de un agente permanente

La directora del Distrito Educativo 01-02 de Enriquillo, Ligia Méndez Delgado, informó que el centro no contaba con un miembro de la Policía Escolar asignado de manera permanente.

Según explicó, el agente que prestaba servicio en el plantel había sido trasladado. Aunque en ocasiones se enviaba otro efectivo, este no permanecía de forma continua en las instalaciones, por lo que la vigilancia dependía de personal de seguridad civil.

Tras conocer lo sucedido, Méndez Delgado se comunicó con la directora regional 01 del Ministerio de Educación (Minerd), Wanda Farrell, para informarle sobre el incidente y gestionar medidas destinadas a reforzar la protección del centro.

La seguridad escolar no debe depender exclusivamente de la reacción posterior a una emergencia: requiere protocolos preventivos, coordinación institucional y mecanismos claros para responder ante amenazas.

La asignación de personal, la evaluación de riesgos y la comunicación entre los centros educativos y los organismos de seguridad son aspectos relevantes para reducir la posibilidad de incidentes similares.

Investigación y responsabilidades pendientes

El informe citado señala que, al percatarse de la presencia de agentes de la Policía Nacional, el individuo presuntamente emprendió la huida. Las autoridades realizaban gestiones para localizarlo y ponerlo a disposición de la justicia.

Hasta el momento descrito en la información original, no se había comunicado oficialmente su arresto ni se habían ofrecido detalles concluyentes sobre las actuaciones policiales posteriores.

La investigación deberá establecer las circunstancias del hecho, verificar las amenazas denunciadas y determinar las responsabilidades que correspondan conforme a la ley.

Más allá de las diligencias judiciales, el episodio deja como asunto prioritario la necesidad de garantizar condiciones de seguridad adecuadas para estudiantes, docentes y personal administrativo. La respuesta institucional deberá evaluarse no solo por las medidas anunciadas tras el incidente, sino también por su capacidad de prevenir nuevas situaciones de riesgo dentro y en los alrededores de los centros educativos.