CMD convoca a paro médico nacional de 24 horas y exige respuestas a demandas pendientes

SANTO DOMINGO. — El Colegio Médico Dominicano (CMD) anunció un paro nacional de labores por 24 horas para el martes 13 de octubre, en respuesta a una serie de demandas laborales, institucionales y de infraestructura que, según el gremio, permanecen pendientes de solución.

La convocatoria fue presentada por la Junta Directiva Nacional de la organización, que afirmó haber agotado las vías institucionales de diálogo y continuar a la espera de un encuentro formal con el presidente de la República para discutir los reclamos del sector.

El CMD aseguró que durante la jornada de protesta se mantendrán los servicios de emergencias y cuidados críticos, una medida destinada a preservar la atención de los pacientes que enfrentan situaciones de salud que requieren intervención inmediata.

La decisión vuelve a colocar sobre la mesa las diferencias entre las autoridades y la representación gremial de los médicos. Aunque las huelgas constituyen un mecanismo de presión sindical, su convocatoria en el sector sanitario plantea la necesidad de equilibrar las reivindicaciones laborales con la continuidad de los servicios públicos esenciales.

Pagos pendientes y condiciones laborales

Entre las principales exigencias figura la solución definitiva al pago del incentivo por antigüedad para los médicos con más de 15 años de servicio. El gremio considera que este beneficio constituye un derecho acumulado que debe ser reconocido y satisfecho.

También reclama el pago de las guardias presenciales y por distancia en Samaná y otras demarcaciones donde corresponda, además de la apertura de nuevas plazas vacantes y el cumplimiento de los acuerdos relacionados con los horarios laborales.

Para el CMD, estas reivindicaciones requieren respuestas concretas y mecanismos de cumplimiento que permitan superar las diferencias mediante acuerdos verificables.

La disponibilidad de personal médico y la distribución de las plazas son asuntos relevantes para el funcionamiento de los hospitales, especialmente en las localidades donde las necesidades de atención pueden superar los recursos disponibles.

Seguridad e infraestructura hospitalaria

La organización también solicitó reforzar la seguridad en los centros de salud, con el propósito de proteger al personal sanitario y garantizar el desenvolvimiento normal de las actividades asistenciales.

En materia de infraestructura, exigió un cronograma definido para las intervenciones pendientes, con especial atención a los hospitales Salvador B. Gautier y Padre Billini, cuyas obras, de acuerdo con el gremio, continúan inconclusas.

La falta de plazos claros para concluir las intervenciones hospitalarias dificulta la planificación de los servicios y prolonga la incertidumbre sobre la disponibilidad de espacios adecuados para la atención médica.

El establecimiento de fechas, responsables y mecanismos de seguimiento permitiría evaluar los avances y determinar si los compromisos asumidos por las autoridades se cumplen de manera efectiva.

Diferencias sobre la Ley 74-25

En relación con la Ley 74-25, el CMD indicó que la actual gestión consiguió modificar tres de los cinco artículos que, según su posición, afectaban al sector médico. Los dos restantes continúan bajo discusión ante el Tribunal Constitucional.

El gremio mantiene así parte de sus diferencias en el ámbito jurídico, donde la decisión correspondiente deberá ajustarse a los procedimientos institucionales aplicables.

Reclamos por el caso SeNaSa 2.0

Otro punto planteado durante la rueda de prensa fue el denominado caso SeNaSa 2.0. Los representantes médicos reclamaron respeto a la dignidad de la clase médica y cuestionaron el uso de medidas de coerción que consideran desproporcionadas.

El CMD insistió en que las investigaciones deben desarrollarse respetando el debido proceso y la presunción de inocencia, y sostuvo que deben evaluarse medidas cautelares proporcionales a las circunstancias de cada caso.

Estas consideraciones forman parte de la posición expresada por el gremio y no constituyen, por sí mismas, una determinación sobre la responsabilidad de las personas involucradas.

Un conflicto que requiere respuestas institucionales

La convocatoria del 13 de octubre coloca a las autoridades sanitarias ante la necesidad de atender las demandas planteadas y, al mismo tiempo, reducir los posibles efectos de la protesta sobre los usuarios del sistema público.

El diálogo entre las partes será determinante para establecer compromisos que puedan verificarse y evitar que las diferencias se prolonguen.

El principal desafío será transformar las reclamaciones en soluciones concretas, con plazos definidos y garantías de cumplimiento, sin comprometer la atención de los pacientes que dependen de los hospitales públicos.