Autoridades desmantelan estación clandestina de combustibles en San Juan y refuerzan ofensiva contra el comercio ilícito

Las autoridades dominicanas intensificaron esta semana su ofensiva contra el comercio ilegal y el contrabando, tras desmantelar una estación clandestina de combustibles en la provincia San Juan e intervenir un establecimiento comercial en San Cristóbal donde fueron decomisados miles de productos falsificados y adulterados.

La operación, encabezada por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) a través del Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (Ceccom), pone nuevamente sobre la mesa el desafío que representa la economía informal para la seguridad ciudadana, la salud pública y la estabilidad comercial del país.

De acuerdo con las informaciones oficiales, en el distrito municipal de Sabaneta, provincia San Juan, fue detectada una estructura clandestina dedicada al expendio irregular de combustibles. Durante el operativo, las autoridades ocuparon dos tanques metálicos soterrados con capacidad de 5,000 galones cada uno, ocultos bajo un techado improvisado, además de equipos y combustible valorados en más de RD$1.1 millones.

El hallazgo evidencia el nivel de sofisticación que han alcanzado algunas redes dedicadas al comercio ilegal de combustibles, una práctica que no solo evade impuestos y regulaciones, sino que además representa un alto riesgo para las comunidades cercanas. La manipulación y almacenamiento clandestino de carburantes sin controles técnicos adecuados constituye una amenaza potencial de incendios, explosiones y contaminación ambiental.

Comercio ilícito y falsificación: una amenaza creciente

De manera simultánea, las autoridades intervinieron el establecimiento “Randy Comercial”, en la provincia San Cristóbal, donde fueron decomisados 4,956 productos irregulares, incluyendo bebidas alcohólicas falsificadas y productos comestibles vencidos o contaminados.

Entre los artículos ocupados figuraban 1,347 unidades de bebidas alcohólicas adulteradas, valoradas en aproximadamente RD$500,000, así como más de 3,600 productos alimenticios almacenados en condiciones inadecuadas. Según el informe oficial, muchos de estos productos estaban vencidos o alterados, lo que representa un serio peligro para la salud de los consumidores.

En los operativos participaron miembros del Ceccom junto a técnicos de Pro Consumidor, la Dirección General de Impuestos Internos, la Dintel y la Digesett, como parte de un esfuerzo coordinado para enfrentar el comercio ilícito y la falsificación de productos regulados.

Las autoridades sostienen que estas acciones constituyen violaciones directas a la Ley 17-19 sobre Comercio Ilícito, Contrabando y Falsificación de Productos Regulados, así como a la Ley General de Salud 42-01.

Un problema económico y social

El avance de mercados clandestinos y productos falsificados refleja las debilidades estructurales del control comercial en determinadas zonas del país. Aunque las autoridades han incrementado los operativos, el fenómeno continúa expandiéndose debido a factores como la informalidad, la evasión fiscal y la demanda de mercancías más baratas.

El comercio ilícito afecta directamente a las empresas formales, reduce las recaudaciones del Estado y pone en riesgo la salud y seguridad de miles de ciudadanos. Además, fomenta estructuras paralelas de distribución que operan fuera de la legalidad y debilitan la confianza en el mercado regulado.

El MICM informó que solo en marzo fueron retirados de circulación más de 2.3 millones de artículos fraudulentos durante operativos realizados en colmados y comercios previamente identificados como vulnerables. En ese período también se ejecutaron 19 allanamientos y fueron detenidas 15 personas.

Las estadísticas oficiales revelan la magnitud del problema. Entre enero y marzo de 2026 se ocuparon más de 8.2 millones de cigarrillos ilícitos, 43,561 botellas de alcohol adulterado, 39,089 medicamentos irregulares y miles de estimulantes sexuales comercializados ilegalmente.

Seguridad, salud y control institucional

Uno de los aspectos más destacados por las autoridades es la reducción de las muertes relacionadas con alcohol adulterado durante los últimos cinco años. Este dato ha sido presentado como evidencia de que la vigilancia estatal y las campañas de fiscalización han tenido resultados positivos.

Sin embargo, expertos consideran que el reto sigue siendo enorme. La expansión del comercio ilegal obliga al Estado a fortalecer los mecanismos de inteligencia, supervisión y sanción, especialmente en sectores sensibles como combustibles, alimentos y medicamentos.

En un contexto donde el país enfrenta presiones económicas y fiscales, la lucha contra el contrabando y la falsificación también se convierte en una herramienta para proteger la producción formal, garantizar la competencia leal y preservar la seguridad de los consumidores.