Aumento de la nómina pública en República Dominicana: crecimiento sostenido y desafíos para la eficiencia del gasto

El incremento de la nómina pública en la República Dominicana continúa marcando una tendencia sostenida que genera debate sobre la eficiencia del gasto estatal y sus implicaciones económicas de largo plazo. De acuerdo con datos de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), a enero de 2026 el Estado dominicano registró un total de 773,025 empleados públicos, lo que representa un aumento de 35,273 trabajadores en comparación con el mismo mes de 2025.

Este crecimiento equivale a una expansión anual de 4.8 %, reflejando una dinámica que se mantiene activa pese a los intentos oficiales de contener la contratación en el sector público. En efecto, desde septiembre de 2024 —cuando se anunciaron medidas para restringir nuevas incorporaciones— hasta enero de 2026, la nómina estatal aumentó en 46,538 empleados, lo que supone un incremento de 6.4 % en apenas 16 meses.

La tendencia no es reciente. En la última década, la nómina pública ha crecido en 254,378 trabajadores, evidenciando un proceso de expansión sostenida del aparato estatal. Este comportamiento plantea interrogantes sobre los criterios de contratación y la necesidad real de ampliar el personal en distintas instituciones públicas.

El impacto fiscal de este crecimiento es significativo. Según la Ley General de Presupuesto, el gasto en remuneraciones representará en 2026 el 23.2 % del gasto público total, convirtiéndose en el componente más elevado dentro de la estructura del gasto estatal. Este dato refleja la presión que ejerce la masa salarial sobre las finanzas públicas, limitando el margen de maniobra para otras áreas prioritarias.

El análisis no se limita al monto del gasto, sino a su costo de oportunidad. El aumento constante de la nómina pública implica que una mayor proporción de los recursos generados por la economía se destina al sostenimiento del aparato estatal, en detrimento de inversiones productivas que podrían generar crecimiento económico sostenible.

Este fenómeno se inscribe dentro de un patrón más amplio de expansión del sector público. Cuando el Estado incrementa su tamaño sin mejoras proporcionales en eficiencia y productividad, se corre el riesgo de generar estructuras burocráticas que no necesariamente aportan valor al desarrollo económico. En ese contexto, la discusión se centra en si el crecimiento responde a necesidades reales de servicio o a decisiones de carácter político.

Otro aspecto relevante es la procedencia de los recursos que financian esta expansión. Los fondos destinados a la nómina pública provienen, directa o indirectamente, de la actividad productiva nacional, lo que implica que el sector privado absorbe el costo mediante impuestos, endeudamiento o menor disponibilidad de capital para inversión.

En términos macroeconómicos, esto puede traducirse en una menor capacidad de crecimiento. La asignación de recursos hacia el gasto corriente, como los salarios públicos, reduce la posibilidad de destinarlos a infraestructura, innovación o programas que impulsen la competitividad del país.

Asimismo, el crecimiento de la nómina plantea desafíos en materia de sostenibilidad fiscal. A medida que aumenta el número de empleados públicos, también se incrementan compromisos asociados como pensiones, beneficios laborales y cargas sociales, lo que amplifica la presión sobre el presupuesto en el mediano y largo plazo.

En este contexto, diversos analistas coinciden en la necesidad de revisar el modelo de expansión del empleo público. Más que un crecimiento cuantitativo, el enfoque debería orientarse hacia la calidad del gasto, priorizando la eficiencia, la profesionalización del servicio público y la evaluación de desempeño.

El aumento de la nómina pública en la República Dominicana refleja una tendencia que trasciende coyunturas específicas y apunta a un desafío estructural. El equilibrio entre un Estado funcional y una economía dinámica dependerá de la capacidad de implementar reformas que garanticen un uso eficiente de los recursos públicos, evitando que el crecimiento del aparato estatal limite el desarrollo económico del país.